Condenan al Ayuntamiento por las molestias causadas por una discoteca

La Opinión

La juez obliga al consistorio a indemnizar con 18.000 euros a un vecino por no evitar los ruidos, peleas y alborotos generados por el local
DAVID CANELLADA/ La Opinión

El Ayuntamiento de Los Alcázares tendrá que pagar por las molestias ocasionadas por una discoteca. Una juez ha considerado responsable al consistorio por no hacer lo suficiente para cumplir las ordenanzas municipales y evitar los ruidos, peleas, alborotos y voceríos que se generaban en los alrededores de la discoteca.

Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena condena al ayuntamiento a indemnizar con 18.000 euros a uno de los vecinos que vivía frente a la discoteca El Búho. La batalla legal de este vecino del municipio, representado por el abogado Antonio José Madrid Osete, se inició hace cerca de diez años. "Es una sentencia que, después de tanto tiempo, reconcilia a los ciudadanos con la Justicia", señaló Madrid Osete.

En un primer momento, los residentes en las cercanías del local denunciaron la situación al ayuntamiento, al que exigieron que pusiera fin a la impunidad. Desde 1998, los vecinos han puesto cerca de un centenar de denuncias. La discoteca, sin embargo, nunca fue sancionada. En su demanda, el vecino denunciaba que la actividad de la discoteca -cuyo representante legal es hermano de un concejal del PP que fue alcalde del municipio cuando militaba en las filas del PSOE- impedía el descanso "durante toda la madrugada, desde las doce de la mañana hasta las siete de la madrugada". Además, atribuía la responsabilidad por inactividad al ayuntamiento.

"El funcionamiento de la discoteca -subraya la demanda- y el dilatado horario que se permite por parte del ayuntamiento, unido a la falta de vigilancia de la Policía Local, provoca ruidos y alborotos que impiden el descanso de los vecinos". Ahora, la sentencia toma estos argumentos como propios y recuerda que la lucha contra los excesos de ruidos forma parte de las ordenanzas municipales. "Sin embargo -señala la sentencia-, estas medidas no fueron adoptadas en la medida necesaria para garantizar los derechos de los vecinos". "La prueba practicada en los presentes autos -prosigue la juez-, pone de manifiesto que la inactividad municipal contribuye a las molestias y ruidos que impiden el descanso de los vecinos".

No obstante, la juez sólo estima parcialmente la demanda y rebaja la indemnización solicitada por los perjudicados -60.000 euros por daños morales- hasta los 18.000 euros. En su demanda, los vecinos presentaron una serie de grabaciones -que han sido admitidas como prueba- en las que se veía "gran alboroto, ruidos de coches, motos a escape libre, voceríos, griterío o consumo de alcohol".